La Cumbre de la Tierra:
razones para perseverar

Cristina Narbona

La celebración de la Cumbre de la Tierra en Johanesburgo, el pasado mes de septiembre, merece una reflexión política, más allá de la lógica decepción por sus escasos resultados. Nada desearían más quienes, desde sus intereses particulares, se oponen a un enfoque diferente del progreso -basado en la urgente incorporación de criterios ecológicos y sociales a la globalización económica-, que una actitud resignada ante el desarrollo de la Cumbre.
Naciones Unidas lleva organizando desde 1972 (1) Cumbres sobre medio ambiente y desarrollo, y de hecho, el concepto “desarrollo sostenible” se acuñó a partir del informe Brutland, publicado en 1987 y realizado por encargo de Naciones Unidas. La Cumbre de Río, celebrada en 1992, marcó sin duda un hito en cuanto a la proyección pública de los grandes problemas ambientales y a la asunción de compromisos concretos de dicha materia por parte de los líderes políticos. En Río se establecieron los convenios internacionales de lucha contra el cambio climático, de protección de la diversidad biológica y de lucha contra el avance de la desertificación, así como la Agenda 21, una auténtica guía para reconducir la acción pública, incorporando exigencias ambientales y cauces sistemáticos de participación ciudadana.
En la Cumbre de Río la Unión Europea pareció ya mucho más dispuesta a asumir compromisos ambientales que Estados Unidos; esa divergencia ha aumentado durante la última década, en particular desde la negativa de Bush a ratificar el protocolo de Kyoto, a pesar de la elevada contribución de Estados Unidos a las emisiones totales de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
La evidente dependencia de las empresas petroleras -así como del sector nuclear y de la industria armamentista- ha convertido a Bush en el mayor defensor de los intereses contrarios al desarrollo sostenible; y esa misma dependencia le convierte, además -como algún comentarista ha dicho ya- en el principal enemigo de la seguridad y de la democracia a escala mundial.
La Unión Europea (UE) ha participado en la Cumbre de Johanesburgo con mucha menos beligerancia y entusiasmo del esperado. Sin duda, varias circunstancias han contribuido a este “perfil bajo” de la UE: las últimas elecciones han llevado al poder en España, Francia, Portugal, Italia, Austria, Dinamarca y Holanda a opciones políticas conservadoras, e incluso de la extrema derecha, cuyos idearios no incorporan como prioridad la sostenibilidad ambiental y social del desarrollo. La Comisión Europea -cuya orientación política viene a ser una suma ponderada de la orientación de los países miembros-, refleja ya esa evolución del voto; y, además, la posición europea ante la Cumbre fue elaborada bajo presidencia española y defendida en Johannesburgo bajo presidencia danesa. Ni para el Gobierno español ni para el danés, lamentablemente, constituía una prioridad la fijación de una posición europea fuerte y ambiciosa cara a la Cumbre. Todo ello ha comportado un esfuerzo excesivo de la UE por incorporar a EEUU a las conclusiones de la Cumbre, aunque el coste de dicha adhesión fuera un texto de mínimos. La inutilidad de esa actitud europea quedó de manifiesto en las últimas horas de la Cumbre, cuando EEUU hizo público un comunicado aclarando que, a pesar de su adhesión a las conclusiones, no se consideraba obligado a tenerlas en cuenta. Esa nueva bofetada a la comunidad internacional no se ha traducido posteriormente, por desgracia, en una negativa de la UE ante la pretensión estadounidense de inmunidad frente a eventuales actuaciones del Tribunal Penal Internacional…
Todo lo anterior pretende describir, de manera muy sintética, la coyuntura en la que se ha celebrado la Cumbre de Johanesburgo, como causa fundamental de la insuficiencia de sus conclusiones. Ese es el difícil contexto en el que la izquierda tiene más responsabilidad que nunca a la hora de pasar de la retórica a la acción en materia de desarrollo sostenible, indisociable de la necesaria reorientación de todos los parámetros financieros, culturales e institucionales del modelo vigente de globalización.
Una razón para el optimismo: el protocolo de Kyoto podrá entrar en vigor dentro de pocos meses, ya que, -tras la ratificación del mismo por parte de la UE y de Japón-, Rusia y Canadá anunciaron, precisamente durante la Cumbre de la Tierra-, su voluntad de ratificar el protocolo, con lo que se cumplirían las condiciones establecidas para su entrada en vigor, a pesar de la negativa de EE.UU. y de la presión ejercida por Bush para intentar evitar la ratificación en el caso concreto de Canadá. Este es un buen ejemplo de una arquitectura de los deseables acuerdos internacionales que no resulte necesariamente condicionada por la posición de EE.UU., y que podría conducir a actitudes más “autónomas” de la UE, por ejemplo en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde, por cierto, si la UE tuviera un voto unitario gozaría de mayoría absoluta y podría incorporar exigencias diferentes a las actuales en los mecanismos de ayuda del FMI.
Otro elemento positivo es la constatación de que las conclusiones de la Cumbre están muy por debajo de las medidas que, de hecho, están adoptando ya los países con gobiernos más comprometidos con el desarrollo sostenible, así como las empresas con mayor visión de futuro -que llegaron a manifestarse durante la Cumbre a favor de una regulación exigente en materia ambiental-. Hay evidencia, por lo tanto, de un avance real de la conciencia ecológica desde la Cumbre de Río, en la que se plantearon objetivos ambiciosos entonces ausentes en la práctica de la casi totalidad de los gobiernos y de las empresas. Ha sido, sin duda, el empuje de los ciudadanos, -en particular de las ONGs y la creciente evidencia científica-, lo que ha obligado a un mayor compromiso político y empresarial, aunque ese compromiso resulte todavía claramente insuficiente a la vista del grave deterioro ecológico del planeta.
Por otro lado, a pesar de que la mayor parte de las conclusiones de la Cumbre, o son poco concretas, o son reiterativas de compromisos ya asumidos en el contexto de Naciones Unidas (o incluso resultan menos ambiciosas que objetivos asumidos con anterioridad), hay que intentar que se plasmen en acciones concretas, invocando su carácter de acuerdos de Naciones Unidas. En ese sentido, conviene destacar alguno de los contenidos del denominado “Plan de Acción” aprobado al finalizar la Cumbre:
1. Acceso al agua potable y a los sistemas de saneamiento y depuración. En la Cumbre se ha establecido el objetivo de reducir a la mitad en el año 2015 el número de personas afectadas (2.400 millones en la actualidad). La UE se ha comprometido a desarrollar un programa específico, dotado inicialmente con 1.400 millones de euros, destinado a atender las carencias en esta materia en África y en los países de Europa del Este. Por cierto, España se ha comprometido a que dicho programa europeo incluya también a América Latina. Desde el PSOE reclamamos que existan partidas presupuestarias específicas para 2003, y, sobre todo, que las ayudas se destinen a tecnologías eficientes y de bajo impacto ambiental: no vaya a ser que el Gobierno español las destine a financiar obras hidráulicas faraónicas en el Tercer Mundo de las que ya tienen dificultad de ser aceptadas en nuestro país.
2. Energías renovables. Las conclusiones finales de la Cumbre sólo recogen como objetivo que se alcance un “incremento substancial” de las mismas, a pesar de que fue uno de los asuntos más debatidos, y que tanto la UE como otros países intentaron que apareciera en las conclusiones con plazos y objetivos concretos. En cualquier caso, en la Cumbre se pusieron de manifiesto posiciones más avanzadas, como la expresada por Alemania, que deben servir de referencia para seguir apostando por compromisos más exigentes en el contexto de la UE, y, desde luego, en el caso de España, donde no se está cumpliendo el Plan Nacional de Energías Renovables de 1999 -en particular en lo relativo a la energía solar-.
3. Energía nuclear. La única referencia recogida en las conclusiones es la relativa al necesario incremento en el control público de la seguridad en la gestión de las centrales nucleares y en el transporte de los residuos radioactivos. Es muy importante el hecho de que, a pesar de la presión del lobby nuclear, no se haya cedido a la pretensión de definir la opción nuclear como una energía “limpia” a los efectos de cumplir con los compromisos de lucha contra el cambio climático.
4. Productos químicos. En las conclusiones se establece el objetivo de reducir el uso de determinadas substancias químicas, de forma que en el año 2020 no generen riesgos para la salud de las personas ni para el estado del medio ambiente. Evidentemente, hay que exigir compromisos concretos para cuya concreción -incluso en las cláusulas de los convenios laborales- es imprescindible la colaboración de los sindicatos. La creciente actividad de CCOO y UGT en materia de salud y medio ambiente permite augurar su beligerancia en la aplicación en España de dicho objetivo.
5. Recursos pesqueros y biodiversidad marina. En las conclusiones se establece el objetivo de recuperar los caladeros sobreexplotados en el 2015, así como la consolidación, en el 2012 de una red de zonas marinas protegidas. Estas fechas tienen que ser tenidas en consideración en el diseño de la nueva política pesquera de la UE, y, una vez más, permite exigir al Gobierno español una posición menos conservadora -que no conservacionista- en esta materia.

No quiero terminar este artículo sin denunciar, una vez más, el bochornoso comportamiento del Gobierno español en la Cumbre de Johanesburgo. No sólo no acudió el Presidente Aznar -el único ausente de la UE, junto con los presidentes de Grecia, Austria y Luxemburgo-; no sólo no se aportó ni una sola iniciativa ni compromiso efectivo -a diferencia de otros Gobiernos europeos; no sólo no habían “hecho los deberes”, España no tiene ni Estrategia nacional de desarrollo sostenible ni plan de medidas de lucha contra el cambio climático-… lo más siniestro de todo es que, como hemos tenido ocasión de verificar leyendo las actas de las reuniones, la delegación española había recibido instrucciones precisas del Gobierno para intentar que, en los párrafos relativos a la salud reproductiva de las mujeres, su protección quedase sometida a los “valores religiosos y culturales” de cada país. La delegación española ha dejado constancia escrita de su beligerancia en esta materia -sorprendente, a la vista de su pasividad en otras cuestiones-, y de su coincidencia con EEUU, con Italia, y con determinados países del Tercer Mundo. Afortunadamente, la presión de Canadá y de varios países europeos consiguió que se introdujese, al final, en el texto, la necesaria referencia a la defensa de los derechos humanos, también en esa materia.
Esta lamentable anécdota -que supongo habrá supuesto un gran malestar para muchos de los sufridos y sensatos funcionarios de la delegación española, nada partidarios de las “instrucciones recibidas”- es un buen ejemplo de las posiciones reaccionarias del Gobierno Aznar, cuya visión del desarrollo tiene un nulo contenido social y ecológico, y, en lo económico, descansa en la extraordinaria aportación del PIB del sector de la construcción, -lo único que explica el mayor crecimiento del PIB español en el contexto europeo- mientras ignora el creciente déficit tecnológico de España así como la baja productividad resultante de un mercado de trabajo caracterizado por la precariedad y la siniestrabilidad laboral.
Después de la Cumbre de Johannesburgo, el reto para la izquierda -y en particular para la izquierda española- es todavía mayor: ha quedado en evidencia la insuficiente respuesta política y los riesgos cada vez mayores que obligan a actuar.

NOTAS
(1) En la Cumbre de Estocolmo, de 1972, Indira Gandhi ya afirmaba: “La pobreza es la más nociva de las contaminaciones y la lucha contra ella es igualmente un combate para un medio ambiente mejor”. Aunque parezca inaudito, al cabo de treinta años, el actual ministro de Medio Ambiente Jaume Matas es capaz de asegurar que en Johanesburgo se ha vinculado “por primera vez” el desarrollo económico con la cohesión social y con la conservación del medio ambiente…